Javier Porro

Si se paga, es porque se puede.

N o es de extrañar que, ante la política neoliberal de estos últimos años, el problema de la vivienda se haya agudizado en extremo. Y digo agudizado porque con las políticas socialistas el problema no mejoró, incluso se agravó: los incrementos del precio de la vivienda en los primeros 80 y de los años 87 al 91 fueron equivalentes a los actuales. Ciñéndonos a los años más recientes, en los seis últimos años el incremento es del 79% según el Banco de España a nivel nacional. Estos incrementos se agravan en Madrid, San Sebastián, Barcelona y Baleares. En el 2002 y 2003 el incremento medio nacional es del 17,5% y en Madrid del 30,4%.

En esta situación, según la Fundación Encuentro, el 60,7% de los hogares no pueden comprar vivienda ni dedicando la mitad de sus ingresos. Por aclarar más este dato, si en 1987 el esfuerzo salarial de la familia era el 3,4 del salario medio para una vivienda de 90 m2, en el 2002 es del 6,6. Este esfuerzo ha tenido variaciones al alza y a la baja según si los períodos han sido expansivos o de crisis económica. Por último, según datos del Gobierno, el endeudamiento de las familias se ha incrementado casi linealmente desde 1996 hasta el primer trimestre del 2003, pasando de 230.000 millones de euros a 461.000 millones.

Motivos de este incremento.

1. Demanda.

La demanda viene dada por imperativo natural, o sea por crecimiento demográfico. El sistema económico capitalista mantiene la oferta por debajo de la demanda construyendo más en ciclos expansivos y menos en ciclos de crisis para conseguir que los precios a malas se mantengan. La demanda potencial es siempre superior a la demanda real, pues siempre habrá un número de familias que desisten de la compra de vivienda debido a sus ingresos insuficientes. En períodos de estancamiento económico el número de familias que desiste de la compra de vivienda es máximo ya que la crisis económica, como bien sabemos, la pagamos los trabajadores. Cuando se inicia el ciclo expansivo, a la acumulación de demanda potencial se une un mejoramiento económico de las familias que origina una explosión de dicha demanda, y aunque la oferta aumenta relativamente hace que los precios se disparen. Está claro que la mejora en la situación económica de las familias no implica por sí misma el aumento de los precios de la vivienda, como nos quieren hacer creer Aznar y sus ministros, que dicen que si se paga es porque se puede. Lo que sucede es que las familias, en cuanto ven el más mínimo resquicio de posibilidad de comprar y acuciados por la necesidad, compran llegando a situaciones de endeudamiento extremo y peligroso.

2. Especulación.

La especulación es "efectuar operaciones comerciales con la esperanza de obtener beneficios con las variaciones en el precio". En la vivienda se da comprando grandes cantidades de suelo rústico alrededor de los núcleos urbanos con la intención de que cambien o se provoque la clasificación de rústico a urbanizable y por lo tanto una variación extraordinaria en precio. Esta especulación no viene regida por el desarrollo habitual del sistema capitalista, es decir, por obtener el máximo beneficio sin intervención ajena, como en la especulación bursátil, sino que sin la complicidad del Estado en su sentido más amplio, y en concreto de las Comunidades y de los Ayuntamientos, no sería factible, pues son ellos los que tienen la potestad de reclasificar los terrenos que casualmente siempre son de grandes empresas constructoras o de insignes personalidades como el caso de Herrero de Miñón.

Evidentemente, si a la hora de reclasificar los Ayuntamientos y Comunidades impusieran una cantidad obligatoria de vivienda protegida, de tal forma que la demanda primaria de vivienda fuera abastecida, el incremento del precio de la vivienda sería mucho menos o no existiría, pues sólo vendría provocado por la demanda de vivienda de lujo o inversión.

También existe la especulación de personas individuales que invierten en vivienda ante la crisis de la bolsa o como valor seguro, pero según los datos oficiales el porcentaje de viviendas vacías es del 14,8%, estando dentro de este porcentaje las dedicadas a especulación individual (no superior al 5%), y por tanto su influencia en el precio de la vivienda, comparado con la especulación institucional, es despreciable.

3. La vivienda como un derecho.

Todos somos conscientes de que la vivienda es un derecho social básico sin el cual es muy difícil, por no decir imposible, que se cumplan otros derechos fundamentales para tener una vida digna y un desarrollo personal pleno. ¿Cómo se va a cumplir el derecho a la salud en una vivienda insalubre? ¿Cómo se va a tener derecho a la intimidad si no hay espacio suficiente para ello? ¿Cómo se va a trabajar en condiciones de descanso si no se tiene una vivienda cercana al trabajo?

Es evidente que sin este derecho no se dará una protección y un desarrollo de la infancia adecuada. ¿Cómo vamos a tener una sociedad de personas desarrolladas física y mentalmente si el medio en que se desarrollan es deficiente o simplemente no existe?

La ciencia ya ha demostrado cómo influye el entorno familiar y social en el desarrollo de las personas y en su comportamiento posterior. La degradación de las personas o su falta de desarrollo pleno intelectual, físico y psíquico viene dado fundamentalmente por el medio en que se desarrolla la infancia y la juventud. Pero además hay otro componente fundamental: el trabajador que esté atado y como sabemos, es la mayoría, a una hipoteca para pagar su vivienda será un trabajador más dócil. Dada la liberalización cada vez mayor de las relaciones laborales los trabajadores se lo pensarán muy mucho antes de iniciar una huelga o una protesta, por miedo a cobrar menos o ser despedidos.

Pero la vivienda digna no es sólo un derecho social prioritario sin el cual quedan dañados otros muchos derechos sociales, o esclavizado el trabajador de por vida, es también un derecho constitucional, según dispone el art. 47: "todos los españoles tienen derecho a un vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho". Según esto y ciñéndonos a la legalidad, sólo tendrían derecho los españoles, pero el art. 13 de la Ley de extranjería dice: "los extranjeros residentes tienen derecho a acceder al sistema público de ayudas en materia de vivienda en las mismas condiciones que los españoles". Está claro que al ser un derecho básico debe interpretarse en su forma más amplia, con lo que todos los extranjeros deben tener derecho a vivienda igual que tienen derecho a sanidad o educación.

No hace falta decir que como anarcosindicalista estoy en desacuerdo por muchas razones con la Constitución, pero también como anarcosindicalista y sin olvidar nuestro fin de transformación de la sociedad, tenemos la obligación de luchar por los derechos establecidos, hacerlos cumplir y superarlos siempre que podamos. Por ello las propuestas para solucionar el problema de la vivienda no van a ser revolucionarias por mucho que me apetezca pedir la propiedad social del suelo, sino encaminadas a desarrollar al máximo las posibilidades que nos ofrece la Constitución:

-La construcción de vivienda pública para todos los que la soliciten independientemente de sus ingresos familiares a un precio tasado.

-El establecimiento de una ayuda a la compra o alquiler de vivienda pública, basándose en razones sociales, donde se consideren: ingresos familiares, nº de hijos, incapacitados, o personas ancianas a su cargo.

-Que la calificación de vivienda pública se mantenga indefinidamente y por lo tanto su venta o su alquiler posterior ha de estar previamente establecido.

-Que los poderes públicos promuevan directamente o faciliten la promoción a cooperativas o promotores, y para ello es primordial la clasificación del suelo suficiente para este fin. Hoy día la promoción de vivienda protegida es del 10%, con fuertes fluctuaciones siendo claramente insuficiente. Se permite especular con ella al poderse liberalizar al cabo de los años y los controles para que los que acceden a estas viviendas cumplan los requisitos establecidos son mínimos o no existen.

Con esto eliminaríamos la diferencia entre demanda y oferta y sobre todo que esta oferta esté en manos privadas y especulativas, razones fundamentales del incremento del precio de la vivienda. Por otra parte, al obligar a los poderes públicos a poner suelo suficiente para esta demanda, la especulación del suelo sólo sería para la vivienda de lujo y eso, sinceramente, me preocupa un bledo.

Por último quiero hacer una reflexión del porqué no existe un movimiento social o reivindicativo de la vivienda pública igual que sí existe con la sanidad pública o con la enseñanza pública. Los motivos pueden ser:

-Que no existe una conciencia histórica sindical de esta reivindicación.

-Que no existe un sector de trabajadores únicamente relacionados con esta actividad a nivel funcionarial, como existe en la enseñanza y en la sanidad.

-Que la vivienda nos la presentan como una actividad económica más y como medio de inversión y ganancia a nivel popular, con lo que nos están incorporando a su juego.

Creo que debemos reflexionar sobre ello y que el movimiento sindical empiece y propague esta lucha hasta su consecución.

Juan de la Lama:

El mercado de la vivienda: la vida como mercancía.

a) La Constitución violada.

El capítulo III, artículos 39 a 52, de la Constitución Española tiene por título "Principios Rectores de la política social y económica". En él se establece un modelo económico que se ha definido como 'economía social de mercado'. Por el año 1978 este era el modelo económico imperante en las democracias parlamentarias, pero ya había sido alumbrada una criatura que estaba destinada a sucederle. En 1973 se crea la Comisión Trilateral con el propósito de influir en los gobiernos para implantar un nuevo modelo económico, el neoliberalismo. La desintegración del modelo soviético facilitará su implantación en todo el globo.

Vamos a realizar un recorrido por el modelo económico-social que establece la Constitución, comparándolo con con la política real de los distintos gobiernos que ha habido desde su vigencia, y veremos si se corresponden:

Artículo 39. "Los gobiernos deberán garantizar la protección social, económica y jurídica de la familia". No hace falta ser un lince para ver que las familias (dando al término un sentido amplio que abarca a todos los grupos que conviven compartiendo sus recursos económicos) están desprotegidas. La falta de seguridad económica, social y jurídica provoca que la violencia doméstica se haya convertido en la primera causa de delitos contra las personas.

Artículo 40. "Los poderes públicos garantizarán una distribución de la renta más equitativa e igualitaria". Desde la Constitución la brecha entre pobres y ricos se ha ampliado. El proceso de privatización ha constituido una expoliación sin precedentes de los bienes públicos. El capitalismo popular pregonado por el poder es la estrategia del neoliberalismo para desplumar a las clases medias. Las políticas fiscales han recortado los impuestos a los ricos, aumentando las desigualdades.

Artículo 41. "Los poderes públicos mantendrán un sistema público de Seguridad Social, con prestaciones sociales que satisfagan las necesidades de la población". Desde la Constitución todos los gobiernos se han ocupado de reducir las prestaciones de la Seguridad Social. La pensión media de 62.000 ptas. al mes no garantiza la subsistencia. Hay mucha gente que no puede trabajar, por edad o por enfermedad, que no cobra pensión alguna. Se han incrementado los años de cotización para tener acceso a la pensiones de jubilación, vejez e invalidez. Se han reducido las prestaciones por desempleo y nos amenazan para que constituyamos fondos de pensiones privados, porque la Seguridad Social no va a garantizar nuestras pensiones a medio plazo.

Artículo 43. "Los poderes públicos garantizarán la salud pública" La sanidad pública es un desastre: han aumentado las listas de espera, la asistencia es de ínfima calidad, cada vez hay más enfermedades que se "cronifican" a menor edad por falta de prevención y tratamiento adecuado.

Artículo 44. "Los poderes públicos promoverán el acceso a la cultura". Solamente hay que ver las televisiones que dependen de los poderes públicos para comprobar de qué forma garantizan este derecho.

El artículo 47 de la Constitución reconoce "el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Obliga a los poderes públicos a hacer efectivo ese derecho, impidiendo la especulación y reconociendo a la comunidad el derecho a beneficiarse de las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Los poderes públicos hacen justamente lo contrario: regulan la utilización del suelo para facilitar la especulación. Las plusvalías generadas por la acción urbanística son la primera causa de enriquecimiento personal. Las mafias inmobiliarias se confunden con los partidos políticos, ya lo hemos visto en las elecciones a la Comunidad de Madrid. La vivienda se ha convertido en un artículo de lujo fuera del alcance de la mayoría de la población. Si comparamos el coste actual de la vivienda, después de 25 años de Constitución, con la situación anterior, observamos que hoy es más difícil, y en términos relativos mucho más caro, acceder a una vivienda que antes.

b) Neoliberalismo: el nuevo modelo intervencionista.

La Constitución establece el marco en el que se tiene que desarrollar la acción de los poderes públicos: estos tienen la obligación de intervenir social y económicamente para garantizar esos derechos, y sin embargo la realidad es la opuesta. Con descaro el Ministro de Economía, Rodrigo Rato, afirma que su lema es la mejor política económica es la que no existe. Este mundo al revés requiere ser explicado.

Con el neoliberalismo triunfante en el mundo es el mercado quien tiene que atender esas necesidades: seguridad, vivienda, sanidad, educación... todo debe ser privatizado. Confabulados con las empresas los gobiernos neoliberales conspiran para garantizar que lo que un particular paga por una vivienda sea lo máximo que se le puede sacar. Cualquier otra explicación es superflua. Nos pueden decir:

-No hay suelo. Vaya, será que no es grande Castilla.

-La mano de obra está muy cara. Hoy los salarios en la construcción están a la mitad que hace 10 años y las viviendas cuestan cuatro veces más, como mínimo.

-Han subido mucho los materiales. El coste de los materiales en el precio final de la vivienda es irrisorio, y se mantienen estables desde hace más de diez años.

Entonces, si no hay causas desde el punto de vista del mercado que justifique el alza de los precios, suben porque los poderes públicos intervienen para garantizar los beneficios exorbitantes de las empresas y el enriquecimiento de las clases privilegiadas.

c) Vivienda y vida cotidiana.

Los tipos de interés

¿Os acordáis cuando Aznar decía: gracias a mi política económica los tipos de interés han bajado y los que tienen una hipoteca ahora pagan menos que antes, y la vivienda es más accesible? En los 70 las hipotecas tenían un interés del 20% y se suscribían a 10 años como máximo. Cuando alguien compraba una vivienda tenía que pagar casi el 90% de su salario, pero al cabo de tres años, como los salarios subían en la misma proporción y la letra se mantenía estable, el coste de la hipoteca en relación al salario se reducía a un tercio. Ahora las hipotecas se hacen a 30 ó 35 años, y como casi no hay inflación el coste es durante todo el tiempo casi igual de gravoso. El gobierno dice que es señal de progreso que en España exista un porcentaje muy alto de la población con vivienda en propiedad. Mentira. Hasta que no se paga la hipoteca la vivienda es del Banco. Vivimos en un país donde la gente joven -de 40 años- se independiza y compra una vivienda que terminará de pagar cuando tenga 70. En ese camino tan largo habrá periodos de crisis donde tendrán que renegociar con los bancos la hipoteca. Bienaventurados sus hijos, si los tienen, que heredarán la hipoteca. El margen de fluctuación de la inflación es mínimo: una variación hacia abajo produciría una deflación y estallaría la burbuja inmobiliaria, al ser más rentable adquirir una vivienda nueva que pagar la hipoteca de la que se tiene. Una variación hacia arriba haría que el coste de las hipotecas se disparase, aumentaría el paro, generándose una cascada de impagos. El endeudamiento desorbitado de las familias coloca a la sociedad española en una situación de debilidad extrema ante cualquier resfriado económico.

Las familias y unidades económicas de convivencia.

El diseño de la vivienda no se ajusta a lo que demandan las nuevas estructuras familiares (entendiendo familia como la comunidad de personas que deciden vivir bajo el mismo techo compartiendo sus recursos económicos). La tendencia en Europa es de un 25% de hogares monoparentales. Es muy caro constituir un hogar 'tradicional', se retrasa la edad de emancipación y se tienen menos hijos. Por el contrario, crecen los hogares atípicos: es el caso de muchos inmigrantes que viven bajo el mismo techo, comparten los gastos, el cuidado de los hijos y los mayores, la alimentación, los electrodomésticos, los vehículos. Las sinergias que se producen en estos nuevos colectivos familiares reducen el coste de la subsistencia, facilitan las relaciones interpersonales y crearían una red cooperativa que cambiaría el tejido social. Es la filosofía del movimiento okupa generalizada a capas cada vez más extensas de la población, y sin represión policial. Las relaciones interpersonales son algo más que un intercambio de mercancías, y sólo la voluntad de estos colectivos, expresada mediante actuaciones al margen del mercado (reivindicación, organización y conquista) podrá dar satisfacción a estas necesidades que el mercado nunca será capaz de atender.

El chabolismo.

Más del 70% de la población urbana mundial vive en poblados chabolistas. Hasta hoy la política de los gobiernos ha ido dirigida a su erradicación, pero la ONU recomienda proporcionar a los poblados agua, alcantarillado, escuelas, sanidad. Es una solución óptima para los países del tercer mundo que facilita que la gente con sus propios medios pueda acceder a una vivienda al margen del mercado. Pero como esta solución reniega del mercado los gobiernos se obstinan en ignorar la realidad y condenan a los pueblos a la inanición hasta que la bonanza económica les permita acceder a un puesto de trabajo remunerado que les permita comprar una vivienda.

Los sin techo.

El incumplimiento de los gobiernos de sus obligaciones sociales y su sometimiento al mercado nos ha llevado a la ruptura de la cohesión social, que se manifiesta de forma sangrante en el drama de los sin techo. No importa que se viva en sociedades avanzadas, que se tengan estudios superiores y que se disfrute de un puesto de trabajo estable: una enfermedad, una ruptura matrimonial, la pérdida del trabajo... son muchas las causas que pueden desencadenar una crisis en un individuo que le incapacite para atender los requerimientos y compromisos que ha asumido. Como los lazos personales y familiares están sostenidos por un individualismo egoísta, en estas ocasiones falta el apoyo moral para superar las dificultades. Cualquiera puede acabar convertido en un sin techo.

También aquí los gobiernos son inoperantes y se dedican a hacer la vida imposible a estos desgraciados. Tampoco el mercado ofrece solución para este drama, al contrario, es la lucha de todos contra todos que predica la causa de su existencia. La única solución es confiar en nosotros mismos. Somos capaces de transformar la realidad si cooperamos solidariamente: el planeta nos ofrece todo lo que necesitamos para vivir dignamente, sólo tenemos que recuperarlo del mercado.