Que corren malos tiempos es algo que cualquiera ve. Los fríos del invierno que viene no son sólo físicos. El helado aliento de la reacción se deja sentir detrás de las orejas de cualquiera que no sea político, cultural y socialmente correcto. Además, las banderas se agitan con afán. Un hecho que no hace sino aumentar la preocupación. El patriotismo no sólo es el último refugio de los canallas sino que, en su nombre, se han cometido algunos de los mayores crímenes contra la humanidad. Hoy, un "efecto colateral" es lo que está ocurriendo con la película de Julio Medem, La pelota vasca, la piel contra la piedra.

En esta sección, habitualmente, se incluyen los comentarios de quellos que ya han visto una de las películas que pueblan la cartelera. Sin embargo, en esta ocasión la reflexión va a ser anterior al visionado. Como los lectores saben, unos días antes de su estreno en el festival de San Sebastián, se desató una campaña en contra de La pelota vasca. Desde los más distintos ámbitos se lanzaron dardos sobre su falta de "objetividad", considerándola como un panfleto pro etarra. Se trataba de una acción más de la campaña de confrontación en la que se encuentra sumergido el Estado español contra las veleidades independentistas vascas. El gobierno del Partido Popular, con su máxima figura al frente, el presidente del consejo de ministros, José María Aznar, lleva unos años empeñado en pasar a la historia como aquél que puso fin al problema vasco. Un asunto que, bajo distintas formas, lleva emponzoñando la vida de los habitantes de parte de la península Ibérica desde hace casi doscientos años. Desde las ya lejanas guerras carlistas hasta la actual monarquía parlamentaria.

Si alguna duda cabía sobre la esencia represiva de cualquier Estado, lo que ocurre en el País Vasco es una buena muestra. En las tierras que hoy conocemos como Estado español si bien cuajó la necesaria centralización económica y judicial, no terminó de hacerlo desde el punto de vista geográfico, administrativo y lingüístico. De forma que los llamados nacionalismos vasco y catalán se han convertido en una herida infectada que nunca ha dejado de supurar pus. Una situación que, en mi opinión, no es sino una muestra del carácter coercitivo y violento del "contrato social" sobre el que se basó la construcción del actual reino de España. Un compromiso impuesto que, tras la muerte del dictador general Franco, se fue posponiendo con la esperanza de que el tiempo lo terminara arreglando. Una posición heredada, como tantas otras cosas, del franquismo. La complejidad de la situación de los años setenta determinó adoptarla esperando, quizás, que el desarrollo económico y la desideologización de la sociedad terminara por disolver la cuestión.

Sin embargo, no ha sido así. Tanto en Cataluña como en el País Vasco no sólo se ha producido la aceptación total del estado, sino que los nacionalistas, con los medios que la proporcionaron los estatutos de autonomía aprobados, han ido profundizando en los elementos escisionistas. Por ejemplo, con la recuperación e imposición del idioma vernáculo y la creación de una administración que, como toda que se precie, busca sustituir a las competidoras. Además, en el caso vasco, en ningún momento dejó de estar presente una cuestión añadida: la actividad de la organización ETA que continuó asesinando. Si durante los gobiernos socialistas los puentes entre el Estado español y la administración vasca continuaron existiendo, a pesar de la creación del GAL, desde su relevo por el Partido Popular éstos han ido saltando por los aires. Como si unos y otros hubieran considerado el momento de "resolver" definitivamente el asunto. De ahí que, mientras ETA seguía actuando, los gobiernos de Aznar hayan ido ensayando, con más pena que gloria, todo sea dicho, políticas que han ido extendiendo los problemas políticos y sociales hasta el punto en el que hoy se encuentran. Un punto tan peligroso que, incluso, pienso, ha llevado a intervenir al monarca mediante la puesta en marcha de un elemento, que se pretende cohesión nacional, como es el anunciado matrimonio de su heredero.

En este enfrentamiento entre un Estado "consolidado" y otro que busca hacerlo los últimos en poder opinar son, precisamente, los más afectados: los ciudadanos de a pie. De un lado y de otro sólo se busca su adhesión inquebrantable apelando a los más inconfesables instintos, a la exaltación de las diferencias, al tremolar de banderas, al sonido de las trompetas de la guerra. Si en el País Vasco la presión sobre los tibios se extiende, en el resto del Estado no se anda a la zaga. Si algo temen todos los estados es la libertad, la capacidad de sus, teóricamente, ciudadanos (es decir, quien en teoría es sujeto de derechos políticos y puede intervenir, mediante su ejercicio, en el gobierno de su país) para poder decidir por sí mismos. Para los gestores estatales somos consumidores, votantes o infantería que disciplinadamente debe acudir a sus llamamientos. Masa, carne de cañón que debe ofrendar su vida ante los respectivos altares de la patria. Sea cual sea. Somos súbditos que no deben pensar, en todo caso cuanto menos mejor. Para evitarnos tan funesta manía cuanta menos información tengamos mejor. ¿Diversidad de criterios, elementos de juicio? No, eso es peligroso. Hay que crear "opinión pública". Es decir, pensamiento único. Tertulianos de radio y televisión, editorialistas de prensa, leyes, y artistas deben poner su grano de arena. Si no lo hacen son demonizados como pertenecientes al enemigo, como tibios.

La película de Julio Medem sufre esta situación. La democracia reconoce derechos, siempre que no se quieran llevar a la práctica. Piénsese en la vivienda, el trabajo, el derecho de expresión. ¿Cómo, de otra manera, se puede explicar que una película sobre una de las cuestiones que más afectan a la sociedad española, que ocupa cientos de horas en las emisoras de radio y televisión, miles de líneas en la prensa o en libros, apenas haya podido verse en España? Si observamos a la cartelera, semanas antes de su estreno comprobamos que sólo se proyecta en las tres provincias vascas, Navarra, La Rioja, algunas ciudades catalanas, La Coruña, Burgos, Madrid y Valencia. Pero no ha sido consecuencia de que el público le haya dado la espalda. En Andalucía, por ejemplo, sólo se estrenó en Granada y Málaga. En la primera estuvo dos semanas y en la segunda una más. ¿Por qué? Hay que mirar en dirección a las sugerencias interesadas, a los problemas que podría traer su estreno. A lo peor ni siquiera haya hecho falta una llamada telefónica o una presión directa. La peor de las censuras es la que no hace falta imponer.