El Estado Español se ha convertido en el segundo país del mundo que más dinero invierte en investigación militar, según datos de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico). Este hecho se puede valorar desde una perspectiva antimilitarista, que obviamente denuncia este tipo de políticas, pero también se puede analizar desde el punto de vista científico y tecnológico. Y desde esta óptica se hace patente la ineficacia de esta vía de investigación para uso civil, no sólo por que el coste es mucho más elevado, sino también por la inutilidad de la tecnología militar aplicada a los usos civiles.

El ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa, ha anunciado que el Gobierno ha aprobado el Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación 2004-07 que, según explica, estará dotado de 20.000 millones de euros, con los principales objetivos de "apoyar la promoción y producción de conocimiento, así como la explotación y el acceso del mismo al conjunto de la sociedad civil para contribuir a la modernización del país".

Lo que el ministro Costa no dice es que en el presupuesto para el 2004 el 31% del gasto será destinado a investigación y desarrollo tecnológico militar, como ha denunciado la Fundació per la Pau.

El ministro Costa tampoco ha puesto en relación de forma pública unos datos que indican que el dinero para investigación militar será el triple del dedicado a investigación científica básica para financiar a las universidades y al CSIC, 7 veces más que el dedicado a investigación sanitaria, 27 veces más que el dedicado a investigación agraria y 38 veces más que el dedicado a investigación oceanográfica y pesquera. Y dentro de estos recursos la mayoría van a parar a diseño y construcción de once tipos distintos de armamento, donde sólo 5 empresas vinculadas a la industria militar (EADS-CASA, Santa Bárbara Sistemas, SENER, Izar e ITP) se llevan el doble de dinero del que reciben en conjunto todas las Universidades españolas y el CSIC para I+D civil, como denuncia la Fundació per la Pau.

En este número del CNT tratamos de analizar estos presupuestos desde el punto de vista de las personas que se dedican a la investigación científica, afectados por partida doble como ciudadanos y como profesionales. Ellos ya se han organizado para evitar que el Estado español siga los pasos de EEUU en esta carrera armamentística. Ya son 11 universidades las que han renunciado a la investigación militar y más de 1000 los científicos objetores.