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Cantabria
impuesta por el FMI, el club de París y finan-
ciada por el todopoderoso gobierno
Norteamericano, se extendía como una marea
negra sobre todo Latinoamérica y llegaba al
Perú, con la aparición de nuevos cuadros de
economistas importados de las universidades
de los EE.UU. y Gran Bretaña (orgullosos de ser
los creadores de este modo criminal de hacer
economía de Estado). Mediante astutos movi-
mientos del poder político del país (junto al no
menos mafioso de la política peruana de los
últimos años Alberto Fujimori) y de acuerdo
con el FMI, se adueñaron, a un precio insigni-
ficante, de las empresas públicas del Estado,
acordando el despido asesino de cerca de
500.000 empleados públicos. Además, implan-
taron nuevas leyes de trabajo que permitían a
las empresas privadas, por un módico precio,
despedir personal sin importar el puesto, la
antigüedad o la carga social que pudieran tener,
dejando a miles de familias al amparo de la
nada, de la mas absoluta miseria.
jadora organizada, liquidó de forma gangsteril
a todos los cuadros, dirigentes y delegados sin-
dicales de organizaciones populares, que se habí-
an organizado para mostrar su resistencia ante
esta política, con un sonado golpe de estado,
financiado por la nueva oligarquía que emergía
de militares y de los nuevos dueños de las cinco
empresas públicas venidos del exterior, léase
Telefónica de España, Repsol, Shell, conserve-
ras chilenas, empresas eléctricas, etc.
poder poniendo a su servicio una nueva cons-
titución política, los medios de comunicación,
el congreso de la republica, el poder judicial, el
jurado nacional de elecciones y el chantaje hacia
los sectores más pobres del país.
OEA y de todos los países llamados "democrá-
ticos") se organizaron de una manera distinta
a la habitual, esperando el momento adecuado
para poder reclamar sus derechos.
cionales, la participación de los trabajadores
despedidos, de las organizaciones populares y
de los movimientos universitarios, llegó a su
clímax cuando se enfrentó a esta mafia y llegó
a expulsarla del entorno político y del país.
los nuevos cambios políticos traen consigo nue-
vos acomodos y por lo tanto cambios en las polí-
ticas laborales, los trabajadores despedidos
organizados se acercaron a su central sindical, la
Confederación General de Trabajadores del Perú
(CGTP) y se realizaron movilizaciones, colectas,
tomas de calles y plazas... El nuevo gobierno res-
pondió promulgando una ley de revisión de los
despidos colectivos que la mafia impusopromul-
gó. De dicha ley se beneficiarían en una prime-
ra fase unos 5.000 trabajadores teniendo que
esperar el segundo grupo, el más numeroso.
tración publica (España todavía no se ha libe-
rado del franquismo pese a los 25 años
transcurridos), con funcionarios poniendo tra-
bas, excusas, utilizando leguleyadas en contra
República, y sabiendo que las grandes conquistas
sociales de los trabajadores se producen sólo
mediante la lucha y la acción directa, los tra-
bajadores despedidos han organizado una movi-
lización general hacia la capital, Lima, por el
norte el centro y el sur, llegando a tomar pla-
zas frente al congreso de la Republica y los
ministerios, organizando campamentos que sir-
ven de puntos de partida para las Marchas y
acciones a tomar, implantando ollas comunes
para ayudar a las familias de los compañeros...
res. Por eso, apelamos a la colaboración de todos
y agradecemos cualquier donación para las ollas
comunes de los campamentos para así arran-
car, una vez más, un triunfo de los trabajado-
res en este país tan rico en recursos pero
arrollado por mafiosos al servicio de sus jefes
norteamericanos y sus socios transnacionales.
Aires, donde a partir de las 10 de la mañana
se bloqueará la ruta 3 en el Partido de La
Matanza, la Panamericana a la altura de General
Pacheco, el Puente Pueyrredón y la autopista
que une Capital Federal con La Plata. Luego, a
las 15 h., se realizará una concentración fren-
te a la legislatura porteña para pronunciarse
contra la reforma del Código Contravencional.
La jornada cerrará alrededor de las 17:30 h.
con una marcha al Congreso Nacional.
respaldo al proyecto alternativo presentado por
las organizaciones, en rechazo a la nueva refor-
ma que impulsa el gobierno nacional. La ini-
ciativa oficial mantiene la esencia de la actual
legislación. Entre varios puntos, reduce de seis
a tres meses el período de prueba, cuando no
debiera existir. También subsisten los convenios
por empresa y se reducen los aportes patro-
nales. Además, continúa limitándose el dere-
cho de huelga en las actividades que puedan
ser consideradas servicios esenciales, tal como
lo habían decretado Menem en el 98 y De La
Rua con la reforma laboral del 2000. La pro-
puesta oficial mantiene este punto e incorpo-
ra al gas como servicio esencial.
go de la deuda externa, la ruptura con el Fondo
Monetario Internacional, la implementación
de una tarifa social, el no aumento del GNC ni
de las tarifas de los servicios públicos privati-
zados y la libertad a todos los presos políticos.
Obrero, MTL, MTR, CUBa, UTL y UTDO), MIJD,
CTD Anibal Verón, FTC Mesa Nacional, MST, PTS,
MTD 26 de Junio, UTDOCH, UTP, Futradeyo,
MTD Cláypole, Barriadas del Sur, Resistencia
de los Trabajadores, FUBA, MRP 15 de
Noviembre y la CTD de Comodoro Rivadavia.
Además participarán algunos sindicatos, cuer-
pos de delegados y asambleas populares.
protesta social.
rar una consenso parecido al anterior de la
masacre del 26 de Junio del 2002. El gobier-
no, la justicia y los medios preparan el dispo-
sitivo para el aislamiento y la represión, por
impiden por ahora que se impongan los sectores
que piden abiertamente sangre. Pero con este
gobierno ya ha corrido sangre, aunque Kirchner
se jacte de ser un defensor de los derechos
humanos. Basta recordar la represión en
Neuquén, los dos asesinados en Jujuy, la con-
tinua detención de dirigentes piqueteros en
Salta y el manto de impunidad que quedó sobre
la masacre de Avellaneda.
su vez afirmaron que garantizarán el "derecho
a transitar" y pidieron a los piqueteros que
"tengan presente la soledad en que han que-
dado". De gobiernos como los de Felipe Solá
(uno de los autores intelectuales de la Masacre
de Avellaneda) o Romero en Salta han salido
La justicia por medio del Fiscal de Ejecución
Penal Platense, Marcelo Romero, amenazó con
detener dirigentes piqueteros para garantizar
la libre circulación. El juez federal de La Plata,
Adolfo Gabino Ziulu, ordenó a los gobiernos
nacional y bonaerense medidas precautorias.
pos aislados que intimidan con palos y
capuchas y que obstruyen el tránsito violan-
do el derecho a la libre circulación. Como si se
pudiese comparar un embotellamiento de trán-
sito con el hambre. El corte de ruta ha per-
mitido organizarse a las familias desocupadas
para reclamar y protestar por la situación de
miseria, en demanda de un trabajo digno y
un cambio social. De las puebladas de Mosconi,
Ledesma y Cutral Co. hasta ahora, que la deso-
cupación sigue azotando al pueblo. Más allá de
la demagogia kirchnerista basta mirar un poco
a nuestro alrededor para observar que las cosas
no están nada bien. El hambre, la marginación
y la humillación sigue siendo lo que la
Argentina ofrece para millones de personas
que se encuentran por debajo de la línea de
la pobreza.
confusos episodios del viernes, los medios masi-
vos están en campaña para demonizar a los
piqueteros "duros", básicamente haciendo apa-
males. El silencio de "quien calla otorga" de
Página 12, el abierto reclamo de represión de
Infobae y La Nación, el amarillismo de Crónica
llamando a cacerolzos antipiquetes: para la
desinformación hay para todos los gustos.
marios. El engranaje político, judicial, policial
y mediático queriendo aislar y reprimir a quie-
nes sufren las consecuencias de la concentra-
ción de la riqueza y se organizan para subvertir
esa situación.
coordinada por varias organizaciones de trabajadores desocupados. Mientras tanto, una descomunal
campaña mediática intenta enfrentar a los piqueteros con el resto de la sociedad haciendo uso de los
"incidentes" del pasado viernes, cuando integrantes de organizaciones ligadas al kirchnerismo
atacaron a automovilistas frente al Ministerio de Desarrollo Social. El Gobierno asegura que
garantizará la libre circulación del tránsito, mientras los jueces amenazan con medidas judiciales que
incluyen la posible detención de dirigentes piqueteros.