Jorge del Cura
Tras múltiples trabas y amenazas a testigos y
a todo aquel que quería investigar, el Juzga-
do Central de Instrucción nº1 procesó a Enri-
que Rodríguez Galindo por graves delitos y
ordenó su ingreso en prisión el 24 de mayo de
1996. El 29 de julio el Fiscal General del Esta-
do del momento, contra el criterio de los fis-
cales que investigaban el caso, ordenó solicitar
al Juzgado la libertad de Galindo, que era pues-
to en libertad provisional el 2 de agosto del
mismo año (poco más de dos meses de prisión
por gravísimos delitos). Galindo ya no regresó
a prisión hasta que fue condenado por sen-
tencia dictada en abril de 2000. Sin embargo,
Galindo, que había perdido su condición de
militar, permaneció en una prisión militar, de-
sobedeciendo las órdenes de los Tribunales,
donde gozaba de privilegios, no fue traslada-
do a una prisión civil hasta el verano de 2003.
Desde entonces comenzaron las peticiones de
indulto y las de progresar de grado.
Ya antes, y pese a lo elevado de la conde-
na que sobre él pesaba, disfrutó de permiso es-
pecial para pasar las navidades con su familia
en diciembre de 2002 y diciembre de 2003.
El 17 de marzo de 2004, la Audiencia Na-
cional acuerda que Galindo, sin cumplir la mi-
tad de la condena impuesta, como sería
preceptivo, podría acceder al tercer grado pe-
nitenciario, lo que le supondría no tener que
acudir a la prisión sino a dormir. Esta progre-
sión de grado, sin embargo, tuvo que anular-
se poco después al detectarse que la misma se
había concedido sin oír a la acusación parti-
cular ejercida por las familias de Josean Lasa
y Joxi Zabala. Finalmente, el 11 de agosto de
2004, el Juzgado Central de Vigilancia Peni-
tenciaria deniega el tercer grado para Galindo.
El día 18 de agosto, se hace público por vez
primera, que Galindo sufre una afección car-
diaca y ha de ser hospitalizado por ello. Un mes
después, Galindo es excarcelado.
Libertad para los presos con enfermedades
graves e incurables
La libertad de los presos que padecen enfer-
medades graves e incurables ha sido y es una
de las reivindicaciones irrenunciables de los
presos y de las organizaciones de Derechos
Humanos. La razón alegada para esta excar-
celación fue la cardiopatía que padecía el ex
general, y el riesgo que, esta, suponía para su
vida permaneciendo en prisión.
Desconozco la realidad y gravedad del pa-
decimiento de Galindo y, por lo tanto, confor-
me a lo anterior, la conveniencia de su
excarcelación (el PNV, entre otros, ha exigido
que el ex general sea reconocido y evaluado por
un equipo médico independiente), pero son
muchas las personas que en esos momentos
se encuentran en prisión que padecen graves
e incurables enfermedades y a los que no se
les pone en libertad, o se les permite estar con
su familia en sus últimos días, en aplicación
del criterio mantenido con Galindo.
El mismo criterio que ya fue aplicado en el
caso de otros condenados por el secuestro y
asesinato de Lasa y Zabala:
- Julen Elgoriaga, ex gobernador civil de Gui-
púzcoa, condenado a 75 años de prisión,
como Rodríguez Galindo, ingresó en el año
2000 en la cárcel de Alcalá-Meco, en Madrid.
Tras pasar sólo un año en prisión, fue ex-
carcelado, también por motivos de salud, y,
también, por problemas cardiacos.
- Enrique Dorado y Felipe Bayo, ex sargento y
ex cabo, respectivamente, de la Guardia Ci-
vil, condenados a 71 años y ocho meses de
prisión, gozan desde el 2002 del tercer gra-
do penitenciario, ya que ambos ingresaron en
la cárcel antes de que lo hicieran los demás
acusados del caso Lasa-Zabala. A Felipe Bayo
se le apreció una enfermedad mental que
aconsejaba su liberación.
El único condenado por el "caso Lasa y Za-
bala" que permanece en prisión es Ángel Va-
quero (¿por cuánto tiempo?, ¿qué enfermedad
padecerá?) ex teniente coronel de la Guardia
Civil, y condenado a la misma pena que Ga-
lindo, 75 años de prisión.
Doble vara de medir
Sin embargo este criterio que no fue aplicado
con Miguel C.C, que murió en la cárcel gadita-
na de Puerto del Real II el 8 de junio, víctima
de una "absoluta desatención médica", como
denunció la Asociación Pro Derechos Humanos
de Andalucía. Estaba enfermo de sida, tras diez
días con una altísima fiebre y pese a estar ex-
pulsando sangre al toser, síntomas inequívocos
de padecer tuberculosis, no fue trasladado al
hospital hasta el mismo día de su muerte
2
.
Ni con Daniel F. V., fallecido en la cárcel de
Meco (Madrid) el 1 de Junio. En este caso, la
propia prisión requirió la libertad de Daniel
ante el grave estado en que se encontraba,
pero la titular del Juzgado de Vigilancia Peni-
tenciaria nºII de Madrid, denegó su libertad
condicional. Un mes después, Daniel tuvo que
ser trasladado al Hospital de Alcalá de Hena-
res donde ingresó en coma. El parte de ingre-
so en el hospital refiere que a su ingreso, Daniel
presentaba un "aspecto séptico, impresiona de
gravedad". Tres días después, sin recobrar la
consciencia, Daniel moría sin que los respon-
sables de la prisión se hubiesen dignado avi-
sar a su familia.
Tampoco tuvieron la misma consideración
con Roberto Carlos G, muerto en A Lama (Pon-
tevedra) el 20 de mayo. F.H.B, fallecido por
parada cardiaca en la cárcel de Albolote (Gra-
nada) el 26 de julio. Un preso en la prisión de
Picassent (Valencia) muerto por meningitis el
22 de julio
No se consideró que el riesgo para su vida
fuese importante en el caso de G.A.F, quien se
ahorcó el 12 de julio en la prisión de Mansillo
(León), cuando estaba a la espera de ser tras-
ladado a un hospital psiquiátrico por pres-
cripción médica.
O en el caso de Pilar J. Z., que recibía tra-
tamiento psiquiátrico en la cárcel de Zuera
3
(Zaragoza), y que murió, el 12 de julio, en una
celda de la prisión, tras ser esposada, Eso sí,
la decisión de esposarla fue del especialista
médico
4
.
A otros, ni siquiera se les diagnosticó la
desesperación que los llevó al suicidio: José
Antonio C. V., muerto en la cárcel Modelo de
Barcelona el 18 de junio; J. C. M., ahorcado en
la prisión de Albolote (Granada), el 28 de ju-
nio; A.R.I., ahorcado en la cárcel de El Ace-
buche (Almería) el 4 de julio; Diego B. L.
ahorcado en La Modelo de Barcelona el 4 de
agosto; F.C.M., ahorcado en la cárcel de Villa-
bona (Asturias) el 11 de agosto. A los que ha-
bría que sumar otras muertes en Palma de
Mallorca, Puerto II (Cádiz)...
A veces la causa oficial es una sobredosis o
"ingesta de sustancias depresoras del sistema
nervioso", como ocurrió en las cárceles de A
Lama (Pontevedra), el 20 de junio; Teixeiro (A
Coruña), el 5 de octubre; El Acebuche (Alme-
ría), el 7 de octubre; Perogordo (Segovia), tam-
bién el 7 de octubre, y Lleida (10 de octubre).
Esto por referirnos, únicamente, a los últi-
mos tres meses. Entre 1988 y 2002 se produ-
jeron más de 8.000 muertes en las cárceles
españolas, incluyendo en esta cifra solamen-
te las reconocidas oficialmente por las insti-
tuciones
5
. Desde entonces no se han vuelto a
publicar datos oficiales sobre este aspecto.
Otros han tenido más suerte y, pese a te-
ner acreditado que padecían una enfermedad
de las catalogadas como graves e incurables,
tuvieron que pelear durante meses, incluso
años, para conseguir la libertad a la que por
ley tienen derecho:
Es el caso de Manuel Azcárate, al que tras
muchos meses de solicitudes y recursos judi-
ciales logró la libertad provisional, para, tiem-
po después, volver a ser encarcelado con la
excusa de que no había cumplido con la tota-
lidad de los requisitos establecidos por el Juz-
gado de Vigilancia Penitenciaria. Tras varios
meses en prisión por negarse a llevar la "pul-
sera", que permitiera su control telemático,
logró que se reconociese su derecho. Nada de
este tipo de control se ha hablado en el caso
de Galindo. Parecida situación hubo de sufrir
Bautista Barandalla y siguen padeciendo hoy
día numerosas personas encarceladas pese a
padecer enfermedades graves e incurables.
La liberación de Galindo y otros es el pre-
cio a pagar para "comprarse silencios"
Esta disparidad de criterios en la aplicación de
las leyes penales, también de las otras, doble
vara de medir que algunos han denunciado es-
tos días, no es nada nuevo. Recordemos las
prisas por excarcelar o los otros condenados por
los crímenes de los GAL, desde José Amedo y
Michel Domínguez, a José Barrionuevo Peña,
Rafael Vera Huidobro, Julián San Cristóbal Igua-
rán, Francisco Álvarez Sánchez, Miguel Plan-
chuela Herresánchez, Ricardo García
Damborenea, Julio Hierro, Juan Ramón Coru-
jo, Luis Hens y Francisco Sainz Oceja. Indul-
tos parciales y reducciones de condena varias,
todo valía, y sirve valiendo, para librar de la
cárcel a los servidores del Estado, para comprar
silencios.
Jorge del Cura es miembro de la Asociación
Contra la Tortura y de la Acción Popular con-
tra los GAL.
Notas:
[1] Un resumen de prensa sobre la situación
de Rodríguez Galindo en prisión puede
verse en http://www.nodo50.org/tortu-
ra/titulares/1983/Lasa-Zabala.htm
[2] Más información puede verse en:
http://www.nodo50.org/tortura/titula-
res/2004/Cadiz-PuertoII.htm
[3] Cuatro personas murieron en la cárcel de
Zuera en menos de dos meses.
[4] Más información puede verse en:
http://www.nodo50.org/tortura/titula-
res/2004-1/Zaragoza-Zuera.htm
[5] Para mayor información, ver el artículo
publicado en Gara, el 19 de septiembre de
2004. "Muertes oscuras en prisión", de
César Manzanos Bilbao.
http://www.gara.net/idatzia/
20040919/art79830.php
cnt
n°306 noviembre 2004
Actualidad
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¿Que tendrá Galindo que no tienen los demás?
El 30 de septiembre de 2004, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, excarceló a Enrique Rodríguez
Galindo, ex general de la Guardia Civil, condenado por el secuestro y asesinato de Josean Lasa y Joxi Zabala, en 1983, a
más de 75 años de cárcel, de los que apenas había cumplido 5. Eso sí, la DGIP denegaba el tercer grado penitenciario
al condenado, que deberá cumplir el resto de su condena, salvo indulto posterior, en su casa, vigilado por los mismo
agentes de policía encargados de su seguridad. La libertad de Galindo ha sido un objetivo de todos los gobiernos
desde que, en 1995, se destapó el "caso Lasa y Zabala"
(1)
Son muchas las personas que en esos momentos se
encuentran en prisión que padecen graves e
incurables enfermedades y a los que no se les pone
en libertad, o se les permite estar con su familia en
sus últimos días, en aplicación del criterio
mantenido con Galindo
Rodríguez Galindo testifica en la Audiencia Nacional.
/ AGENCIAS