J. Armada
CNT - Vigo
Debido a que esta organización sindical ten-
drá que tomar una posición clara y rotunda res-
pecto de esta nueva reforma laboral, es preciso
realizar un análisis de las políticas que desde
los años 80 han aceptado las organizaciones
sindicales más representativas frente al fenó-
meno de la globalización. Este fenómeno eco-
nómico y político ha generado un incremento
en la inestabilidad económica internacional y
un descenso en la eficacia de las políticas eco-
nómicas autónomas, lo que conlleva en la prác-
tica a los países, para garantizar cierta
estabilidad (sobre todo en política monetaria),
a subordinar su política económica nacional a
la orientación general de la política de un país
líder (léase EE.UU.).
Este fenómeno de la globalización, sobre
todo, afecta gravemente a países que carecen
de una estructura económica asentada y a pa-
íses, como España, que padecen históricamente
una balanza comercial deficitaria (importa más
de lo que exporta), pues nuestra economía
está sustentada en el sector servicios (sobre
todo el turismo) y no en el sector industrial,
que es donde se crea más empleo y la riqueza
se distribuye de manera más equitativa. Por
ello, para ser competitivos, nuestra economía
tiene que producir barato para así atraer a la
inversión extranjera. Para nosotros, los traba-
jadores, esto se traduce en reducción de cos-
tes salariales y eliminación de las trabas legales
(léase derechos de los trabajadores) que hacen
del mercado de trabajo un mercado rígido.
La economía española constituye un buen
ejemplo de este tipo de estrategias. Los sindi-
catos más representativos han aceptado las
políticas económicas agresivas de la globali-
zación, que podemos resumir en: "crecer eco-
nómicamente a costa de empobrecer a la mayor
parte de la población", agravándose si se quie-
re todavía más esta situación al no haber apos-
tado por una economía productiva y sí de
servicios (léase reconversiones industriales).
Así estos sindicatos, en un primer momen-
to, defendieron una política de rentas con el
objetivo de controlar la inflación (crecimien-
to generalizado y continuo de los precios pro-
vocado, según los economistas, por las subidas
salariales), y promover la recuperación de los
beneficios empresariales mediante la modera-
ción salarial, así como aumentar el empleo.
Posteriormente defendieron una política de
reformas laborales, pues ya no sólo se culpa-
bilizaba a los salarios del problema de la in-
flación y del desempleo, sino que los
economistas y políticos fueron más allá: el
problema residía en la normativa laboral, que
conformaba un mercado de trabajo rígido.
El objetivo de estas reformas consistió tam-
bién en luchar contra la inflación, consiguiendo
indirectamente una moderación salarial a tra-
vés de cambios en la estructura de la nego-
ciación salarial, en las modalidades de
contratación, en los costes del despido, en la
movilidad geográfica y funcional, etc.; pero
también contra el desempleo, aumentando la
flexibilidad del mercado de trabajo.
Así, cronológicamente tras la aprobación
de la Ley 8/1980 del Estatuto de los Trabaja-
dores (ET) en medio de una crisis del petróleo,
las políticas de rentas fueron la principal po-
lítica de los gobiernos españoles para comba-
tir sus efectos. El resultado fue la firma de 5
pactos de política de rentas:
1. Pactos de la Moncloa, firmados en 1977 y
con validez para 1978.
2. Acuerdo Marco Interprofesional (AMI),
firmado en 1980 y con vigencia para el pe-
riodo 1980-81.
3. Acuerdo Nacional de Empleo (ANE), fir-
mado en 1981 con vigencia para 1982.
4. Acuerdo Interconfederal (AI), firmado en
1983 y con vigencia para ese mismo año.
5. Acuerdo Económico y Social (AES), fir-
mado en 1984 y con vigencia hasta 1986.
Estos acuerdos, que ayudaron a contener
las subidas salariales y moderar la inflación, re-
sultaron insuficientes para resolver las altas
tasas de desempleo, responsabilizándose de
ello a la excesiva rigidez del mercado laboral.
No deja de ser curioso que el ET dibujó un
mapa de relaciones laborales de corte social-
demócrata: con contrato estable, estableci-
miento legal de la jornada de trabajo, principio
de causalidad según el cual los contratos in-
definidos debían ser utilizados para empleos de
naturaleza permanente, negociación colecti-
va, etc. y que sea el gobierno socialdemócra-
ta el que se encarga, junto con los sindicatos
socialdemócratas, de hundir este sistema de
relaciones laborales. Se inicia así la política de
reformas laborales, que son los hitos más se-
ñalables de la evolución del ordenamiento la-
boral español.
La primera reforma laboral (L. 32/1984).
Esta primera reforma, apoyada inicialmente
por UGT, quebró el principio de causalidad,
permitiendo la utilización de contratos tem-
porales en puestos de naturaleza permanente,
aceptándose entre otros tipos de contratos por
tiempo determinado, el contrato temporal para
el fomento del empleo.
Con esta reforma comienza a utilizarse de
forma abusiva lo que se conoce con el nombre
de "flexibilidad externa" o externalización de
servicios a través de contratas y subcontratas.
Esta externalización se agravaría en la segun-
da reforma con la aprobación de las ETT's.
La reforma de 1984 dio paso a una pro-
funda segmentación del mercado laboral entre
trabajadores indefinidos y temporales. Estos
últimos alcanzaron en 1995 tasas del 34,8% en
el conjunto de la economía. El elevado ascen-
so de las tasas de temporalidad se debe, tan-
to al incremento en las cifras de trabajadores
temporales, como a la destrucción de empleo
permanente. Desde 1987 hasta 1994 en el con-
junto de la economía española se destruyeron
881.200 empleos indefinidos, aumentando el
empleo temporal en 1.560.600 personas.
A su vez se constató una brecha salarial
entre estos dos segmentos laborales. Así, se-
gún el Instituto Nacional de Estadística (INE),
si en 1988 la ganancia media de un trabaja-
dor temporal era el 57,7% de la ganancia de
un trabajador indefinido, en 1995 era el 44,8%.
A partir de aquí tendrán lugar tres refor-
mas laborales más, con el objetivo de corregir
los desajustes que ocasionó la primera y con-
tinuar en la senda de moderar los incremen-
tos salariales. Los efectos, como veréis,
consistieron en agravar aún más las conse-
cuencias de la primera reforma laboral.
La segunda reforma laboral (L. 10/1994,
11/1994, 14/1994).
Esta es la más intensa y profunda del derecho
laboral español hasta el momento. El objetivo
de la reforma era que las relaciones laborales
se adaptaran de manera automática a las ca-
racterísticas y situaciones de las empresas. Así
las tendencias normativas que introdujo se
pueden resumir en los siguientes puntos:
1. Supresión del monopolio público de la co-
locación, aprobando la legalización de ETT's
y agencias de colocación.
2. Facilitación de la movilidad interna de la
fuerza de trabajo en las empresas, apro-
cnt
n°316 octubre 2005
Sindical-laboral
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Políticas de la globalización económica:
pactos sociales y reformas laborales
Todo apunta a que, en breve, volverán a reunirse los sindicatos y organizaciones patronales más representativas con
el gobierno, para reiniciar las conversaciones que culminarán en lo que será la 5
a
reforma laboral. El argumento
utilizado para justificar otra nueva reforma laboral es el mismo que utilizaron en las tres anteriores: combatir la alta
temporalidad, la segmentación del mercado laboral y la inflación, así como elevar la productividad de las empresas
españolas.
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Las sucesivas reformas que siguieron a la de 1984,
con la supuesta intención de arreglar los
desajustes provocados por aquella, no han traído
consigo más que un agravamiento de sus
consecuencias
Amigos para siempre. José María Aznar y José María Fidalgo en el Campus FAES 2005 en Navacerrada.
/ AGENCIAS